Rocío S. Barreiro Moure
Los 7 proyectos en tratamiento intentan crear marcos legales que, con distintos alcances, regulen la inteligencia artificial en pos de la protección de los derechos humanos de las personas, el uso ético y la autonomía personal.
En relación al alcance de los proyectos, están desde los menos ambiciosos que buscan sólo crear instituciones estatales que reglamenten a posteriori la IA, otros que sólo pretenden regular el aspecto educativo y los más ambiciosos que buscan regular los desarrollos realizados en el país o fuera de él, los que se intenten comercializar y los que sean de uso gratuito.
Respecto de los sujetos alcanzados, el especto también es amplio, hay proyectos que directamente no establecen a quienes serán aplicados, otros que de manera más estricta proponen que la regulación sea aplicable a todos los Proveedores de sistemas de IA; Responsables del despliegue de la IA, Importadores, distribuidores y fabricantes de productos o servicios de IA.
Y aquellos que restringen la lista a los proveedores y responsables del despliegue de sistemas de IA que estén establecidos o ubicados en un tercer país, cuando la información de salida generada por el sistema de IA se utilice en la Argentina pero la amplían respecto de los fabricantes de productos al sumar aquellos que introduzcan en el mercado o pongan en servicio un sistema de IA junto con su producto y con su propio nombre o marca comercial junto con los representantes autorizados de los proveedores que no estén establecidos en la Argentina (sumando a Microsoft, Apple, entre otros).
Todos los proyectos plantean los principios de transparencia, robustez, uso ético, protección de datos personales, trazabilidad, explicabilidad de los sistemas, pero ninguno ahonda en detalles técnicos, dejando esto sujeto a la autoridad reglamentaria. Por su parte todos los proyectos prevén las cuestiones relativas al riesgo, su evaluación y su gestión, pero sólo uno ha tomado el modelo de la UE en términos riesgos inaceptables o prohibidos, riesgo alto, medio y bajo.
Este breve comparativo nos permite vislumbrar que la temática está aún en un estado primitivo y hasta tanto el Poder Ejecutivo no envíe su proyecto es probable que esta temática no pueda ser regulada por la diferencia que existe entre los distintos proyectos a tratar y la poca consistencia de los textos legislativos que apenas representa la intención de los legisladores de poner el tema en agenda, consistencia que tampoco ha tomado forma en las reuniones informativas de los últimos meses.
